Medidas para el combate de la delincuencia




La delincuencia y el aún más alarmante aumento del terrorismo están afectando la vida plena y pacífica de los chilenos. Siendo la primera tarea del Estado el garantizar la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos, resulta urgente solucionar tan vital cuestión para nuestro país.
Hoy el problema de la delincuencia en Chile encuentra sus principales causas en las deficientes condiciones de vida de nuestro pueblo. Resulta por ello imprescindible el establecer mejores condiciones para nuestro desarrollo con base en la responsabilidad social del Estado unida al combate firme de los elementos antisociales. Solo así se atacará efectivamente el problema, y no solo sus síntomas cuales son el delito.

Situaciones que contribuyen a este aumento del delito son la pobreza y las deficientes condiciones sociales de amplios sectores de la población, la alarmante desigualdad en Chile, empleos de bajo nivel, la mala calidad de la educación escolar y preescolar, situaciones de hacinamiento en vivienda y estrés en la vida cotidiana; y junto a lo anterior  la drogadicción han contribuido al aumento del delito. Solucionando dichos problemas es que se logrará disminuir de manera real la cantidad y gravedad de los delitos en Chile, pues estos son expresión de un problema estructural de nuestra sociedad. Las carencias materiales y espirituales son el óbice para que nuestros compatriotas alcancen su pleno desarrollo intelectual y espiritual para alcanzar una vida plena como parte integrar de la Nación.
Sin embargo lo anterior, la delincuencia como expresión de dicha decadencia social debe ser combatida conjuntamente con el mejoramiento de las condiciones de los chilenos, para así vencerla eficazmente.


LA SITUACIÓN DE LAS PENAS

Actualmente en nuestro país el Derecho Penal es un derecho de clase, pues condena al pobre por ser pobre, dando las oportunidades a los sectores acomodados del país para obtener salidas ventajosas. Así el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado [1](entrar a robar en una casa rompiendo un vidrio) puede tener la misma pena que secuestrar a una persona pidiendo rescate[2], o una violación[3] (5 años y un día a 10 años). En cambio, obtener pensiones fraudulentas del Estado por un total mayor a 40 UTM tiene una pena que va de 3 años y un día a 5 años, por tanto está sujeta a beneficios tales como el arresto domiciliario o el cumplimiento en libertad.
Resulta evidente la desproporción entre penas que esto tiene. El daño causado por una violación o un secuestro son evidentemente mayores que el robo de un televisor de una casa habiendo roto un ventanal. Además el obtener pensiones fraudulentas al fisco es también más cuestionable y el daño al Estado no es menor, sin embargo la pena es baja. Así, el cónyuge de un miembro del Congreso Nacional que obtenga una pensión vitalicia por $330 millones de pesos no tendrá que pasar tiempo efectivo en la cárcel, pero si esa misma persona rompe una ventana para robar un televisor cumplirá tiempo efectivo en prisión.

LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE DROGAS Y LA INMIGRACIÓN DE DELITOS

El consumo de drogas duras, presente en el país desde los años 80, ha sido un motivo de aumento de delitos violentos. Los sujetos bajo el efecto de los estupefacientes han cometido delitos que antes no eran usuales, lo que sumado a la aparición del narcotráfico en poblaciones y centros urbanos ha creado graves situaciones de inseguridad. Así, si antes el problema eran los robos con sorpresa o lanzazos, hoy la problemática son portonazos, robos con violencia o robos con homicidio.
Además nuevas prácticas han llegado al país los últimos años. Asesinatos brutales entre bandas de narcotraficantes, similares a los efectuados en México y Colombia dan cuenta de imitación o inclusive importaciones de modus operandis criminales. El sicariato y los llamados motochorros son otra de estas técnicas extranjeras que han aparecido en Chile.

FACTOR TERRITORIAL EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA

Las características geográficas de la República de Chile  y de la Nación Chilena hacen necesario descentralizar la lucha contra la delincuencia. Así, ciertos delitos tienden a ser más comunes en diversas zonas del país, y por lo mismo políticas nacionales no pueden ser aplicadas a rajatabla. Facultades adecuadas otorgadas a los alcaldes permitirían mejorar la posibilidad de la lucha contra la delincuencia.
Hay ejemplos bastante claros en nuestra legislación de variación de la ley penal según el territorio: la Ley Pascua de 1966 disminuye en hasta dos grados las penas de ciertos delitos contra la propiedad cometidos en Rapa Nui, pues entiende que el robo de ciertas especies en un universo poblacional pequeño y en un ambiente cerrado resulta menos grave que en el continente.

MEDIDAS CONCRETAS PARA ATACAR AL PROBLEMA DE LA DELINCUENCIA

Hecha la salvedad relativa al origen del problema de la seguridad en Chile, y de la delincuencia como síntoma de una enfermedad mayor de nuestra sociedad, cualquier política contra el delito será en el mediano y largo plazo ineficaz si no ataca el problema social y cultural de los chilenos. Deben crearse condiciones sanas para la vida en nuestro país. Políticas contra el delito, que contribuirán a su disminución son las siguientes en los correspondientes ejes temáticos:

1.      REFORMA AL CÓDIGO PENAL
          Modificar las penas de los delitos contra la propiedad, tendiendo a reemplazarlas por sanciones que apunten a reparar el daño causado más que a privar de libertad. Así, se busca que quienes se encuentren en prisión sean reales amenazas a la seguridad pública.
          Revisar y modificar las penas actualmente establecidas, a fin de establecer mejores proporciones, fijando las mayores penalidades en aquellos delitos contra la vida, la integridad física y libertad sexual de las personas, y contra la seguridad nacional.
          Ampliar la pena de muerte, que nuestro ordenamiento aún mantiene en el Código de Justicia Militar, para delitos de alta connotación social, tales como el homicidio con violación de menores de 14 años. La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo.
          Expulsión de extranjeros con condena firme a pena aflictiva, a fin de que cumplan su condena en el extranjero, por prohibición a perpetuidad de retornar al país, y con decomiso de especies y valores que tengan en el país a fin de cubrir hasta el monto de lo que el Estado haya gastado en sus juicios y servicios sociales.

          Perdida de nacionalidad y expulsión de extranjeros nacionalizados chilenos con condena firme por pena aflictiva, con prohibición de retornar al país.
          Modificar la Ley Nº 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo un catálogo de delitos en materia de atentados a la libre competencia, el medio ambiente, el mercado de valores y protección del consumidor, entre otros. Este nuevo estatuto debe además establecer sanciones proporcionales al daño provocado y los beneficios recibidos mediante el ilícito, así como establecer la reparación del daño causado como pena accesoria.

2.      REFORMA AL SENAME

·         División de los centros del SENAME, tanto entre menores víctimas de vulneración de sus derechos y otro destinado a aquellos que han infringido la ley. En estos últimos deberá entregárseles educación y promover su efectiva reinserción en la sociedad. Rehabilitar a un joven infractor implica evitar un delincuente profesional en el futuro.

3.      PERFECCIONAMIENTO DE POLICIAS Y ATRIBUCIONES MUNICIPALES

·         Actualizar las mallas curriculares de las policías para dar cuenta de las nuevas y mejores técnicas y tecnologías disponibles en la experiencia internacional para enfrentar de mejor forma el delito.
·         Denuncias y constancias por internet. Facilitaremos las denuncias de delitos o el trámite de “constancia policial” habilitando un sistema para que los vecinos las puedan hacer sin concurrir físicamente al recinto policial, sino por correo electrónico o internet. La burocracia estatal resulta un freno a la celeridad de la justicia.
·         Dotar a los alcaldes con mayores facultades en materia de seguridad que las que hoy tienen, desplazando a las autoridades como el Ministro del Interior y los Intendentes y Gobernadores en aquellos fenómenos locales, como tráfico de drogas y delincuencia en lugares públicos, a fin de conducir eficazmente los recursos y energías del combate al delito.

4.      REFORMA DE FISCALIAS Y PROCESOS PENALES

·         Crear un registro de narcotraficantes con decretos de expulsión y su disponibilidad para los agentes de control.
·         Elaborar una base de datos pública de condenados por tráfico de drogas, y de imputados que se encuentren con órdenes de detención.
·         Permitir al Juez de Garantía suspender la primera audiencia judicial por un plazo de dos horas cuando no concurre el Fiscal, sin tener que liberar de inmediato al detenido. Sin embargo, este retraso debe traducirse en una sanción pecuniaria para el Fiscal, a fin de no promover la irresponsabilidad del mismo.
·         Crear una academia especial de formación de fiscales que proveerá de cursos de nivel básico, medio y avanzado en las áreas de investigación, litigación, derecho penal y administración y control de gestión.
·         Creación del Servicio Nacional de Víctimas que permita defender a los ciudadanos ante un hecho delictual, y hacer valer sus derechos en el proceso.
5.      REFORMA AL RÉGIMEN CARCELARIO

          Mejorar las condiciones laborales de Gendarmería de Chile, con el objeto de garantizar el debido control en los recintos carcelarios y condiciones de trabajo dignas.
          Ampliar las atribuciones y cobertura de los programas de Tratamiento de Drogas, que han mostrado reducir la reincidencia a la mitad entre quienes egresan de estos programas. El uso de drogas está íntimamente vinculado con la delincuencia, ya que quienes son adictos, muchas veces deben robar y hasta matar para conseguir dinero y seguir consumiendo.
          Establecer un Servicio Nacional de Reinserción y Rehabilitación, que quiebre el círculo vicioso que existe entre cárcel y delito. Para ello, se debe crear un sistema en que cada persona que ingrese a la cárcel sea evaluada para determinar su perfil delictual y con ello diseñar un plan de trabajo personalizado que involucre nivelación educacional, tratamiento psicológico, superación de adicciones a drogas, apoyo social y formación laboral. Esto solo aplicable a condenados por delitos no violentos, para enfocar gastos en quienes pueden rehabilitarse.






[1] 440 CP
[2] 141 CP
[3] 361 CP

Share:

No hay comentarios:

Publicar un comentario